viernes, 28 de mayo de 2010

INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UNIDAD DE APRENDIZAJE XIV
DE LA PRUEBA. INSTRUMENTOS PÚBLICOS

1. INSTRUMENTOS PUBLICOS
1.1. Definición

El Instrumento Público es el autorizado con las solemnidades exigidas por la ley, por un funcionario competente tanto en razón de la materia como en razón del territorio, y firmado por todos los intervinientes.

Instrumento Público es, aquel que se otorga por las partes con la imprescindible intervención de un oficial público que lo autoriza, y de acuerdo todo con las solemnidades prescriptas por ley.

Lo que caracteriza a estos instrumentos y los distingue de los privados es la intervención de un oficial público o funcionario público en su otorgamiento. La fe que merece el oficial público que los autoriza y el cumplimiento de las formalidades a que están sometidos, confiere a estos instrumentos una seguridad y seriedad muy superiores a las que pueden ofrecer los privados.

El instrumento público es el que emana de autoridad pública, comprendida en alguno de los poderes estatales y, en consecuencia, tiene facultad para suscribir tales documentos según normas y reglamentos propios. Ejemplos: escribanos, presidentes de ambas Cámaras, encargados del Registro Civil, cónsules, secretarios de los jueces.

Instrumentos públicos son todos aquellos que, revestidos de las formalidades legales, han sido autorizados o extendidos por un oficial público, dentro de los límites de sus atribuciones. Estos instrumentos gozan de la presunción de autenticidad y hacen plena fe.

1.2. Importancia

Motivos importantes, entre los que se destaca, fundamentalmente el de la seguridad jurídica, imponen la necesidad de que determinados actos relevantes permanezcan firmemente constatados por medio del documento de valor superior en que han sido formalizados, que, al hacer fe por sí mismo, pone la prueba y la eficacia de tales actos al abrigo de desconocimientos, haciendo legalmente innecesarias, en principio, posteriores verificaciones.

Tanto los actos jurídicos más importantes, por su significación patrimonial, como aquellos que se refieren al emplazamiento en un determinado estado del derecho de familia, y a las situaciones y efectos que estos emplazamientos originan, exigen que se los otorgue al seguro resguardo el instrumento público. La conservación de la prueba de tales trascendentes sucesos de la vida humana en sociedad aparece garantizada por el carácter publicístico que reviste dicha clase de instrumento.

El Instrumento Público brinda acogida al negocio jurídico, ayuda a su nacimiento y asegura su eficacia, Por otro lado, impone la verdad a su contenido y, en el supuesto de situaciones procesales, aporta su mayor fuerza probatoria.

2. Enumeración Legal.
La enumeración de los instrumentos públicos se encuentra en la disposición del artículo 375 del Código Civil, que no es taxativa, sino simplemente enunciativa.

En efecto, al examinar el inc. “b” de esta norma, encontraremos que en ella se contempla la posibilidad de que exista una gama casi infinita de instrumentos públicos, puesto que pueden serlo cualquiera que sea autorizado por escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes. Es decir, que se trate de un Acto propio de la función asignada por al ley a un determinado oficial o empleado público, o manifestación formal de la voluntad del organo de derecho público, por parte de sus agentes, y ajustada al dispositivo legal que lo instituye y organiza.

En la doctrina, prevalece esta opinión, vale decir, que la enumeración que se hace en el código de los instrumentos públicos es meramente enunciativa, y no taxativa.

Art.375.- Son instrumentos públicos:
a) las escrituras públicas;
Lo trataremos en forma específica en la siguiente unidad de aprendizaje. Mientras, adelantamos que la escritura pública es una especie de los Instrumentos Públicos, que es autorizada por el Notario Público, en el protocolo de su registro notarial respectivo, observando o cumpliendo las formalidades dispuestas en la ley para el efecto.

b) cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos, en las condiciones determinadas por las leyes;
En este inciso se trata en primer término de los documentos notariales, que se definen en la norma del Art. 151 del Código de Organización Judicial que dice: documentos notariales son aquellos en los cuales el Escribano actúa fuera de su protocolo, con autorización de la ley. Es decir, de otros documentos extendidos por los Escribanos Públicos, distintos a las escrituras públicas. Ejemplos: La Actas extendidas por dichos funcionarios en la cubierta o sobre del testamento cerrado (Art. 2651 C.C.); las certificaciones de firmas (Art. 152 C.O.J.). En segundo término, en este inciso “b” se trata también de todo otro instrumento otorgado por los respectivos funcionarios públicos en ejecución de las facultades regladas propias de su cargo o función, es decir, pro funcionarios públicos que no sean escribanos públicos. Ejemplos: Testamentos especiales otorgados por militares y prisioneros (Art. 2656 y 2657 C.C.P); Las Actas del Poder Legislativo y las resoluciones y leyes sancionadas por él, así como las juntas departamentales, las resoluciones, decretos o providencias emanados del Poder Ejecutivo, Gobernadores, Ministros, Jefes de Reparticiones y entes Públicos, las partidas o asientos en los libros del Registro Civil y las respectivas certificaciones que se expidan de tales partidas, así como las que obren en los registro parroquiales d ela Iglesia Católica anteriores a la instalación del Registro Civil, las boletas de depósitos judiciales, los telegramas colacionados, las sentencias, providencias y las resoluciones generales en general y las Acordadas y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, los informes y certificaciones emanados de los registros públicos.

c) las diligencias y planos de mensuras aprobados por la autoridad judicial;
Toda tierra pública – y se sabe que en virtud de la conquista, fue toda la propiedad inmueble – ha pasado al dominio privado previa mensura más o menos exacta. La función de los agrimensores ha sido intervenida por el Estado desde hace largos años. Sus mensuras son dirigidas por las instrucciones de sus oficinas técnicas y examinadas por ellas. Los Archivos públicos conservan sus duplicados y los expedientes administrativos y judiciales, contienen las resoluciones que las aprueban, y las sentencias que han decidido los litigios a que han dado lugar. Constituyen, según esto, instrumentos del más alto valor jurídico.

d) las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales;
Se trata, en general, de actuaciones que se cumplen en los expedientes judiciales para la tramitación de los procesos, conforme con las prescripciones del Código procesal, a condición de que se encuentre autorizado por la respectiva autoridad judicial. Ejemplos: Actas del Actuario, Actas del Oficial de Justicia, cédulas de notificación, certificaciones del actuario, oficios judiciales, etc.

e) las letras aceptadas por el Gobierno, o en su nombre y representación por un Banco del Estado; los billetes o cualquier título de créditos emitidos con arreglo a la ley respectiva y los asientos de los libros de contabilidad de la Administración Pública;
En esta categoría se comprende, principalmente, los títulos de crédito o circulatorios, en el que intervine el Estado como emisor o librador, o aceptante, los que, al encontrarse comprendidos en la enumeración de los instrumentos públicos, significan una ventaja para quienes sean sus acreedores, dado que, de tal manera, constituyen títulos ejecutivos directos.

f) las inscripciones de la deuda pública;
Se trata de certificaciones dadas respecto de asientos obrantes en la documentación fiscal, referentes generalmente, a empréstitos u otras negociaciones crediticias del Estado.

g) los asientos de los registros públicos;
Se trata de las actas labradas en los registros públicos. Ejemplos: Las partidas o asientos del Registro Civil referentes al nacimiento y la defunción de las personas, así como el matrimonio de ellas. Comprende, igualmente, la toma de razón en los demás registros públicos, del modo y con las solemnidades establecidas en la ley.
h) las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados auténticos de sus constancias fundamentales. Si éstos no coincidieren con el original, prevalecerá este último.

Cabe presumir que es “autorizada” cuando la emite el funcionario público competente para el otorgamiento del acto del que se obtiene la copia, fotocopia o certificación en cuestión. Por el mismo motivo, tales documentos se tendrán por auténticos, en tales casos, es decir, cuando sean expedidos por el funcionario público que otorgó el acto, o por otro facultado expresamente para expedir la copia, fotocopia o certificado auténtico.

3. Condiciones de validez de los Instrumentos Públicos

- Que haya sido extendido por un Oficial Público (Art. 375): La intervención es del oficial público es indispensable, considerando que es quien autoriza el acto.
- Que dicho oficial público posea capacidad para otorgarlo: Se refiere a las condiciones requeridas para ser designado oficial público de acuerdo con la ley concreta referida a cada especie de ellos. Ejemplo: para los Escribanos públicos, titulares de registro, la ley exige que tengan título universitario, mayoría de edad, nacionalidad paraguaya, buena conducta, etc.
Aunque no reúnan las condiciones exigidas para ejercer el cargo, según la norma concreta que regule las funciones de cada especie de ellos, la ley presume su capacidad por el solo hecho de haber sido formalmente designado por la autoridad que corresponda. La formalidad del decreto o resolución es suficiente para que sea considerado capaz, lo cual surge de la disposición del art. 376 del Código Civil (Ver).
- Competencia del oficial público en razón del territorio y en razón de la materia (Articulos 376 y 377); La ley asigna un territorio dentro del cual deberá cumplir sus funciones el funcionario fedatario. Ejemplo: el juez de paz de la parroquia de San Roque no podrá trasladarse a autorizar actos en Capiatá; o un Escribano de Coronel Oviedo autorizar actos en San Lorenzo. En razón de la materia: El oficial está constreñido a autorizar los actos dentro de los límites de sus atribuciones, impuesto por la propia naturaleza del acto. Ejemplo: Un notario no puede, o no está facultado para autorizar un matrimonio y viceversa, el Oficial del Registro Civil no puede autorizar una Escritura Pública.
- Que, por último, cumpla con todas las formalidades prescriptas en la ley (Art. 377, último párrafo): Siendo la fe que inspira el acto, una emanación directa e inmediata de las formalidades prescriptas que deben ser observadas al tiempo de la celebración del acto jurídico, su inobservancia traería como consecuencia la invalidez de acto.

4. Fuerza probatoria del Instrumento Público

El carácter distintivo de los instrumentos públicos es el de su plena fe o, en otros términos, el de su fuerza probatoria.

La fuerza probatoria consiste en el pleno efecto que produce el instrumento público, respecto de las partes y de los terceros, a consecuencia de las presunciones de autenticidad y veracidad que ellos engendran, intrínsecamente considerados.

Esta fuerza probatoria debe ser estudiada atendiendo, necesariamente, a dos aspectos distintos, es decir, en lo referente al instrumento en sí mismo, intrínsecamente considerado, por una parte, y, por la otra, en lo referente a su contenido.

El principio general en esta materia es que el instrumento público estando en condiciones regulares, prueba por sí mismo su carácter de tal. Existe, por consiguiente la presunción de que el instrumento público ha sido realmente otorgado ante el oficial público que aparece suscribiéndolo y que la firma y el sello de éste, en el caso de que los tenga, son auténticos; en otros términos, existe la presunción de autenticidad del instrumento público.

La persona que presenta un Instrumento público de apariencia regular no tiene que demostrar su autenticidad. El documento, aún bajo la forma de copia, se presenta acompañado de signos exteriores difíciles de imitar: sellos y marcas de diversas clases, unos impresos en tinta y otros impresos en relieve, firma y rúbrica de un funcionario público cuya escritura es conocida y puede ser controlada fácilmente. Esos signos exteriores de autenticación bastan.

El tema de la fuerza probatoria de los instrumentos públicos se encuentra, en esencia, reglado en las siguientes disposiciones del Código Civil:

Art.383.- El instrumento público hará plena fe mientras no fuere argüido de falso por acción criminal o civil, en juicio principal o en incidente, sobre la realidad de los hechos que el autorizante enunciare como cumplidos por él o pasados en su presencia.

De esta manera, los instrumentos públicos hacen plena fe respecto de lo comprobado personalmente por el oficial público, de visu et auditu; también respecto a la fecha del acto, la presencia de las partes, identidades de las mismas, identidades de las mismas, la convención realizada en su presencia, pagos, formas pagos, documentos exhibidos, procuraciones, firmas y la presencia de los testigos, si lo estuvieren; o las certificaciones de concordancias con los libros o asientos, cuado se tratare de funcionarios investidos de facultades para certificar nacimientos, matrimonios, defunciones o registros de propiedades.

Lo que el instrumento público prueba es la celebración de la convención, pero no ampara la sinceridad de la misma; por tanto, puede ser atacado por simulación del acto.

5. Valor Probatorio de las cláusulas y enunciaciones 385
Art.385.- Los instrumentos públicos hacen plena fe entre las partes y contra terceros:
a) en cuanto a la circunstancia de haberse ejecutado el acto;
b) respecto de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y demás declaraciones contenidas en ellos; y
c) acerca de las enunciaciones de hechos directamente relacionados con el acto jurídico que forma el objeto principal.


6. Instrumentos Nulos y Anulables
6.1. Enumeración legal 377 y 378
Art.377.- Son instrumentos nulos:
a) los que el oficial público autorizó después de serle comunicada su suspensión, reemplazo o destitución en el cargo, o luego de aceptada su renuncia;
b) aquellos en que el autorizante, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés personal respecto del asunto a que se refiere; pero, si los interesados lo fueren sólo por tener parte en sociedades anónimas o ser gerentes o directores de ellas, el acto será válido; y
c) los que no llenaren las condiciones prescriptas para la validez del instrumento público.

Art.378.- Serán anulables:

a) si el oficial público, las partes o los testigos los hubieran autorizado o suscripto por error, dolo o violencia; y
b) siempre que tuvieren enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en puntos capitales, no salvadas antes de las firmas.

6.2. Efectos
En los actos nulos: la ley exime a los mismos de toda eficacia jurídica; las consecuencias de la nulidad se retrotraen al momento mismo de la celebración del acto jurídico.

En los actos anulables: Las consecuencias de la nulidad son posteriores a la declaración judicial de la anulación del instrumento público; mientras tanto tiene vida jurídica hasta el día en que la S.D. quede firme y ejecutoriada.

7. Instrumentos Públicos nulos por defecto de forma
Si la nulidad del instrumento público es originada en defectos de la forma o incompetencia del oficial público, pero tuviere las firmas de las partes, valdrá como instrumento privado (Art. 379). Es decir, valdrá como convención privada; la sanción legal es destituir al instrumento de su carácter público.

Cabe destacar en este punto que no todos los instrumentos públicos a los cuales le faltasen requisitos de validez, valdrán como instrumentos privados, sólo cuando se trate de actos formales no solemnes (ad probationen) no así con respecto a los actos formales solemnes.

8. Declaración de oficio por un Juez de la falsedad de un Instrumento Público 384

Art.384.- Los jueces pueden declarar de oficio la falsedad de un instrumento público presentado en juicio, si de su contexto, forma y conjunto resultare manifiesto hallarse viciado de falsedad o alteraciones en partes esenciales.

Si se arguyere de falsedad una copia autorizada del instrumento público, bastará para comprobarla su cotejo con el original, diligencia que el juez podrá ordenar de oficio.

9. Testigos en los Instrumentos Públicos
9.1. Quienes no pueden ser testigos en los Instrumentos Públicos 380
Art.380.- No pueden ser testigos en los instrumentos públicos:
a) los menores de edad, aunque fueren emancipados;
b) los sometidos a interdicción o inhabilitación;
c) los ciegos;
d) los que no sepan o puedan firmar;
e) los dependientes del oficial público autorizante del acto, o de otras oficinas donde se otorguen iguales instrumentos;
f) el cónyuge y los parientes del oficial público y de las partes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y
g) los que por sentencia se hallaren inhabilitados para ser testigos en los instrumentos públicos.

Esta exclusión se limita sólo a los testigos en los instrumentos públicos expedidos por el oficial público fedatario, notarios públicos, jueces de paz, encargados del Registro Civil de las Personas, etc.

9.2. Error sobre la capacidad de los testigos 381
Art.381.- El error sobre la capacidad de los testigos incapaces que hubieren intervenido en los instrumentos públicos, pero que generalmente eran tenidos como capaces, salva la nulidad del acto.

Debe tratarse, indudablemente, respecto a una capacidad aparente de los testigos, apoyados en actos exteriores, en conductas públicas que los han de presumir capaces. Ejemplo: Una persona con trastorno mental que actúa como aquellas completamente normales, etc.

10. Contenido de un Instrumento Público modificado por un contradocumento 386

Art.386.- El contenido de un instrumento público puede ser modificado o dejado sin efecto por un contradocumento público o privado que los interesados otorguen; pero, el contradocumento privado no tendrán ningún efecto contra los sucesores a título singular, ni lo tendrá la escritura pública, si su contenido no está anotado en la escritura matriz y en la copia en virtud de la cual hubiere obrado el tercero.

Si el contradocumento se formaliza en instrumento privado, no podrá tener efectos con relación a terceros o sucesores a título singular de las partes.

Si el contradocumento consta en instrumento público, la Ley exige que conste en la escritura matriz y en la copia en virtud del cual hubiera obrado el tercero.

INSTRUMENTOS PRIVADOS

UNIDAD DE APRENDIZAJE XVI
Instrumento Privado

Vamos a recordar:

INSTRUMENTOS PÚBLICOS: Son aquellos otorgados con la intervención del oficial público que los autoriza.

INSTRUMENTOS PRIVADOS: Aquellos en los cuales no es requerida tal intervención.

Instrumento Privado: Aproximación al concepto.
• Son aquellos que las partes – o sus representantes – otorgan, por sí solas y por escrito.

• No interviene en su otorgamiento un oficial público, ni requieren solemnidades especiales; pueden ser otorgados en cualquier día, inclusive sábados, domingos y feriados, y pueden ser redactados en la forma e idioma que las partes juzguen convenientes (Art. 399 C.C.) .

Limitaciones.
• Bien sabemos que en cuanto a la confección de los Instrumentos Privados rige el PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE FORMAS, sin embargo, este principio reconoce dos limitaciones:

- LA FIRMA (Art.399 C.C.P.).

- LA PLURALIDAD DE EJEMPLARES (Art.400 C.C.P.).

La firma y la pluralidad de ejemplares son, por regla, los requisitos que deben llenar siempre los instrumentos privados, no obstante hay algunos que se rigen por sus normas propias, como, por ejemplo, el testamento ológrafo o las cartas misivas.

 LA FIRMA: El Art. 399 del C.C.P establece que para la validez del instrumento privado es necesaria la firma de las partes, sin que sea posible sustituirla por signos, ni por las iniciales de nombres y apellidos.

 LA PLURALIDAD DE EJEMPLARES: representa la idea de que deben existir tantos ejemplares como partes haya con intereses distintos, con expresión en cada uno de ellos del número de ejemplares suscriptos (Art. 400 C.C.)


La Firma a ruego:
Es aquella que estampa una tercera persona en nombre de otro (puede ser un analfabeto, un sujeto con impedimento permanente o transitorio) que como tales están imposibilitados de hacerlo.

El doctrinario Salvat opina que en estos supuestos no resta sino acudir al instrumento público, a los efectos de que la actuación del escribano dé autenticidad al acto. Contra ella, emergen otras soluciones de más practicidad, que sostiene que el instrumento firmado a ruego podría servir como principio de prueba por escrito, que junto con otros elementos de convicción, podría crear en la conciencia del magistrado la realización efectiva del acto.

La impresión digital.
- A pesar de que, de buenas a primeras, la impresión digital podría aparecer como un medio de mayor eficacia aún que la firma, en el sentido de que no puede falsificarse, a diferencia de esta. Pero ocurre que quienes recurren a la impresión digital son por lo general analfabetos, razón por la cual sería fácil engañarlos acerca del contenido del instrumento. No solo eso: podrían obtenerse, por este medio, impresiones digitales involuntarias, como, por ejemplo, cuando el afectado se encuentre en un estado de insolvencia. o aún, inclusive, pueden ser impresas post mortem, según lo observa Morello.

- Por ello, si bien puede admitirse cierta validez de los instrumentos en estas condiciones (con impresión digital), cabe sentar que solo valdrán como principio de prueba por escrito, que puede, según el caso, ser reforzada o desvirtuada por otros medios.

Omisión del Requisito de la Pluralidad de ejemplares.
Si los contratos bilaterales no fueron otorgados con pluralidad de ejemplares, los actos no serán nulos; simplemente, el instrumento en sí no será un medio probatorio idóneo, sino un mero principio de prueba por escrito, a ser completado por otras probanzas fehacientes.

Art.400 C.C.: Los instrumentos privados que contengan convenciones bilaterales, deben redactarse en tantos ejemplares como partes haya con interés distinto, con expresión en cada uno de ellos el número de ejemplares suscritos.
En tal caso, no importa que en un ejemplar falte la firma de su poseedor, con tal que en él figure la de los otros obligados.

A falta de los requisitos enunciados, el instrumento sólo podrá valer, en su caso, como principio de prueba por escrito.

Excepciones al requisito de la pluralidad de ejemplares.
Art.401 C.C.P.- La omisión de los requisitos mencionados en los artículos anteriores no perjudica la validez del acto:
a) cuando uno de sus otorgantes haya cumplido todas las obligaciones por él asumidas en la convención;
b) siempre que por otras pruebas se demuestre que el acto fue concluido de una manera definitiva;
c) si, de común acuerdo, las partes depositaron el instrumento en poder de un escribano o de otra persona encargada de conservarlo;
d) cuando los otorgantes cumplieren con posterioridad en todo o en parte, las obligaciones contenidas en el instrumento. La ejecución por uno de ellos sin que concurra o intervenga el otro, no impide que el vicio subsista respecto del último; y
e) si quien alegare la falta del requisito, presentare su respectivo ejemplar.

Reconocimiento de firma y de signos.
Art.404.- Toda persona contra quien se presentare en juicio un instrumento privado cuya firma se le atribuye, deberá declarar si la firma es o no suya.
Los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran si ella es o no la causante.
Si la firma no fuere reconocida, se ordenará el cotejo de la misma, sin perjuicio de los demás medios de prueba para acreditar su autenticidad.
El reconocimiento judicial de la firma importa el del cuerpo del instrumento.

Ejemplo: en los casos en que se demanda el cobro de un pagaré, se le pide al juzgado que llame al deudor a fin de manifestar si la firma obrante al pie de este documento es o no suya.

Si la persona citada comparece y permanece en silencio a la pregunta del juez siendo su obligación manifestar si es o no su firma, se tendrá por reconocida la firma.

Reconocimiento de firma y de signos.
Si se niega la autenticidad de la firma o cuando los herederos son los llamados a reconocer la firma del causante, se inicia la investigación judicial cotejándose la firma del documento con otros firmados por el deudor pudiendo recurrirse a otros medios de prueba para la demostración de la autenticidad del documento. El cotejo de firma se realiza mediante pericia caligráfica.

SIGNOS.
Art.405 C.C.- Ninguna persona que hubiere suscrito con iniciales o signos un instrumento privado podrá ser obligada a reconocerlos como su firma, podrá, empero, reconocerlos voluntariamente, y en tal caso, las iniciales o signos valdrán como su verdadera firma.

En principio, la firma no puede ser substituida por signo y, en consecuencia, nadie estará obligado a reconocer firmas. Sin embargo el reconocimiento voluntario de signos o iniciales tiene el efecto de una verdadera firma.

Valor Probatorio de los Instrumentos Privados.
Art.407 C.C.- El instrumento privado judicialmente reconocido por la parte a quien se opone, o declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscripto y sus sucesores.

La prueba que resulta del reconocimiento de los instrumentos privados es indivisible y tiene la misma fuerza contra quienes los reconocen, que contra aquéllos que los presentaren.

Los instrumentos privados hacen plena prueba entre las partes desde su reconocimiento judicial o declarado debidamente reconocidos; además tienen el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscripto y sus sucesores universales.

La ley no hace referencia expresa a los sucesores universales, sino se limita a establecer la fuerza probatoria de los instrumentos privados entre las partes y sus sucesores. En realidad se refiere a los sucesores universales, en razón de que los efectos de los actos de esta naturaleza no podrán alcanzar a los sucesores a título singular.

Los instrumentos privados a diferencia de los instrumentos públicos que gozan de autenticidad y hacen plena fe, no tienen fuerza probatoria sino desde su reconocimiento judicial o extrajudicial ante un oficial público competente, que pueda certificar la autenticidad de la firma. Sin embargo aún respecto a terceros y sucesores a título singular no prueban la verdad de la fecha.

Reconocimiento-Forma-Efecto
De acuerdo a la disposición del Art. 404 del C.C.P. toda persona contra quien se presentaron un instrumento privado y que fuere citado para su reconocimiento, se debe limitar a declarar si la firma es suya o no.

La forma de reconocimiento puede ser expresa o tácita, o el único caso del valor o silencio como manifestación positiva de la voluntad (Art. 282 - 2da. Parte C.C.P.) La forma expresa ocurre cuando manifiesta verbalmente al juez y tácita cuando omite manifestarse respecto a la atribución de la firma a su persona. Para que el silencio sea tomado como asentimiento positivo de voluntad, debe ser citada la parte a reconocer la firma, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, se tendrá por reconocida la firma.

Efectos del reconocimiento
• Efecto entre partes: el efecto principal del reconocimiento de la firma del deudor, es el reconocimiento de validez del contenido del instrumento. Si se trata de un pagaré, el monto de la deuda; si se trata de un contrato, las obligaciones que surgen del mismo. “A partir del reconocimiento, el instrumento privado tiene el mismo valor probatorio que el instrumento público entre las partes y sus sucesores universales”

• Efecto respecto a terceros: Art.408 C.C.P.- Los instrumentos privados, aunque están reconocidos, no prueban contra los terceros o los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos.

Y ¿cómo se prueba la verdad de la fecha respecto a terceros y sucesores a título singular?

Art.408.- Los instrumentos privados, aunque están reconocidos, no prueban contra los terceros o los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos. Su fecha cierta será respecto de dichas personas:
a) la de su exhibición en juicio, o en una repartición pública, si allí quedare archivado;
b) la de su autenticación o certificación por un escribano;
c) la de su transcripción en cualquier registro público; y
d) la del fallecimiento o de la imposibilidad física permanente para escribir de la parte que lo firmó, o de la que lo extendió, o del que firmó como testigo.

Indivisibilidad de la Prueba

El Art. 407, dispone en su última parte que, la prueba que resulta del reconocimiento de los instrumentos privados es indivisible y tiene la misma fuerza contra quienes los reconocen, que contra aquéllos que los presentaren.

Esto significa que: quien presenta el instrumento a juicio no puede pretender que solo prueba contra la parte contraria y, no contra sí mismo. En otras palabras el que presenta el instrumento privado se remite a lo que resulte de esta prueba, y siendo así, no sería justo que por notorias que sean las irregularidades del documento, se le permita aceptar la parte que le favorece y desechar la parte que le perjudica.

Reconocimiento de incapaces
El Art.406 dispone: No serán admitidos a reconocimiento los instrumentos privados cuyos firmantes fueren incapaces al tiempo de ser citados judicialmente para hacerlo, aun cuando al tiempo de suscribirlos hubieren sido capaces.
Los incapaces, al tiempo de ser citados para reconocer una firma que se les atribuye aunque hubieran suscripto siendo plenamente capaces, no serán admitidos. Se explica esto porque un reconocimiento de un incapaz sería considerado como un acto involuntario; por tanto, sin consecuencia jurídica. Si se le hubiera realizado, estaríamos frente a una nulidad, tanto por disposición del Art. 406 como también porque la gente carece de discernimiento.

Modos en que un instrumento privado adquiere fecha cierta.
Art.408.- Los instrumentos privados, aunque están reconocidos, no prueban contra los terceros o los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos. Su fecha cierta será respecto de dichas personas:
e) la de su exhibición en juicio, o en una repartición pública, si allí quedare archivado;
f) la de su autenticación o certificación por un escribano;
g) la de su transcripción en cualquier registro público; y
d) la del fallecimiento o de la imposibilidad física permanente para escribir de la parte que lo firmó, o de la que lo extendió, o del que firmó como testigo.
Firma en blanco
Amplia difusión tuvo en Francia en el siglo XVIII los documentos signados en blanco, que servían como verdaderos mandatos o poderes para quienes debían llenarlos. De allí vino su meticulosa regulación en el Código Napoleón.

El Art. 402 del C.C.P. autoriza la firma de documentos en blanco, que una vez llenados y reconocidas las firmas hará plena fe.

No obstante, si el documento ha sido llenado contra la voluntad del signatario (el que firmó), este podrá probar que no tuvo la intención de declarar lo allí consignado, o de contraer las obligaciones que resultan de él. Para hacerlo, sin embargo no podrá valerse de testigos, salvo que hubiera principio de prueba por escrito (Art. 402 – 2da parte).

Ocurre que resultaría muy fácil desconocer simplemente el contenido de documento firmados en blanco, recurriendo al desprestigiado medio probatorio de testigo.

Ahora, una vez probado que el documento fue llenado contra la voluntad del signatario, la nulidad declarada no producirá efectos contra terceros de buena fe, esto es, que no haya tenido conocimiento del mandato. Como ocurriría en el ejemplo de un pagaré o un cheque endosado a nombre de terceros. Esto daría pie a una acción de daños y perjuicios a ser opuesta por el firmante (mandante) contra el que llenó el documento.

Debe tenerse en cuenta que los instrumentos en blanco son auténticos mandatos a quienes se encomienda su llenado, en cuya consecuencia el mandante puede: 1- Probar que no se dio cumplimiento a las instrucciones del mandante; 2- Responsabilizar al mandatario por las consecuencias perjudiciales que de ellos surja.

Notas marginales

Art.409 C.C.P.- Las notas escritas o firmadas por el acreedor en el margen, dorso o a continuación de un documento privado en poder del deudor, probarán para liberar a éste, mas no para establecer una obligación adicional.
Lo mismo se entenderá con respecto a las notas escritas o firmadas en igual forma por el acreedor en instrumentos existentes en su poder.
En ambos casos, las notas canceladas o inutilizadas carecerán de mérito probatorio.

Cartas misivas. Condiciones generales.

 La carta confidencial carece de valor en juicio. (Art. 410)

 Las cartas pueden ser presentadas en juicio en los siguientes casos: Art. 411.

1 -Cartas dirigidas a una persona pueden ser presentadas por ella cuando constituye un medio de demostrar en litigio en que este interesado sea cual fuere su carácter. (Art. 411 C.C.P.)
2 Cartas dirigidas a terceros con su asentimiento, en juicio en que no es parte. El tenedor no necesita de este asentimiento cuando el contenido de la carta deba considerarse común a el, o cuando la tuviese por habérsela entregado el destinatario.
3 Puede también invocar la carta un litigante, cuando en otro juicio se hubiere presentado por el destinatario o un tercero.

Fuera de los casos antes mencionados, la negativa del destinatario a autorizar su uso constituirá imposibilidad insalvable para su empleo, aunque la carta no sea confidencial.

El Art. 411 del C.C.P. dispone: Las cartas dirigidas a una persona pueden ser presentadas por ella en juicio cuando constituyen un medio de demostración, en litigio en que esté interesada, sea cual fuere su carácter.
Las cartas dirigidas a terceros pueden ser también presentadas con su asentimiento, en juicio en que no es parte. El tenedor no necesita de este asentimiento cuando deba considerarse el contenido de la carta, común a él, o cuando la tuviese por habérsela entregado el destinatario.
Puede también invocarla un litigante, cuando en otro juicio se hubiere presentado por el destinatario o un tercero. Fuera de esos dos casos, la negativa del destinatario a autorizar su uso constituirá imposibilidad insalvable para su empleo, aunque la carta no sea confidencial.


Valor Probatorio
Art.412.- El valor probatorio de las cartas no depende de la observancia de forma alguna. Pueden ser admitidas, según las circunstancias, aunque no estén firmadas, si son manuscritas, o si sólo están suscriptas con signos o iniciales. Las cartas dirigidas a terceros, aunque se refieran a obligaciones, no serán consideradas como instrumentos privados sujetos a las prescripciones de este Código, y su mérito se juzgará conforme a lo dispuesto en los presentes artículos.

Fotocopias de Instrumentos Privados.
• Art.415.- Las fotocopias de instrumentos privados, obrantes en expedientes administrativos o judiciales, o en el protocolo de un escribano, que llevaren la certificación del funcionario administrativo competente, del actuario del proceso o del escribano, en su caso, serán consideradas como fiel y exacta reproducción de los originales.

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UNIDAD DE APRENDIZAJE XIV
DE LA PRUEBA. INSTRUMENTOS PÚBLICOS

1. INSTRUMENTOS PUBLICOS
1.1. Definición

El Instrumento Público es el autorizado con las solemnidades exigidas por la ley, por un funcionario competente tanto en razón de la materia como en razón del territorio, y firmado por todos los intervinientes.

Instrumento Público es, aquel que se otorga por las partes con la imprescindible intervención de un oficial público que lo autoriza, y de acuerdo todo con las solemnidades prescriptas por ley.

Lo que caracteriza a estos instrumentos y los distingue de los privados es la intervención de un oficial público o funcionario público en su otorgamiento. La fe que merece el oficial público que los autoriza y el cumplimiento de las formalidades a que están sometidos, confiere a estos instrumentos una seguridad y seriedad muy superiores a las que pueden ofrecer los privados.

El instrumento público es el que emana de autoridad pública, comprendida en alguno de los poderes estatales y, en consecuencia, tiene facultad para suscribir tales documentos según normas y reglamentos propios. Ejemplos: escribanos, presidentes de ambas Cámaras, encargados del Registro Civil, cónsules, secretarios de los jueces.

Instrumentos públicos son todos aquellos que, revestidos de las formalidades legales, han sido autorizados o extendidos por un oficial público, dentro de los límites de sus atribuciones. Estos instrumentos gozan de la presunción de autenticidad y hacen plena fe.

1.2. Importancia

Motivos importantes, entre los que se destaca, fundamentalmente el de la seguridad jurídica, imponen la necesidad de que determinados actos relevantes permanezcan firmemente constatados por medio del documento de valor superior en que han sido formalizados, que, al hacer fe por sí mismo, pone la prueba y la eficacia de tales actos al abrigo de desconocimientos, haciendo legalmente innecesarias, en principio, posteriores verificaciones.

Tanto los actos jurídicos más importantes, por su significación patrimonial, como aquellos que se refieren al emplazamiento en un determinado estado del derecho de familia, y a las situaciones y efectos que estos emplazamientos originan, exigen que se los otorgue al seguro resguardo el instrumento público. La conservación de la prueba de tales trascendentes sucesos de la vida humana en sociedad aparece garantizada por el carácter publicístico que reviste dicha clase de instrumento.

El Instrumento Público brinda acogida al negocio jurídico, ayuda a su nacimiento y asegura su eficacia, Por otro lado, impone la verdad a su contenido y, en el supuesto de situaciones procesales, aporta su mayor fuerza probatoria.

2. Enumeración Legal.
La enumeración de los instrumentos públicos se encuentra en la disposición del artículo 375 del Código Civil, que no es taxativa, sino simplemente enunciativa.

En efecto, al examinar el inc. “b” de esta norma, encontraremos que en ella se contempla la posibilidad de que exista una gama casi infinita de instrumentos públicos, puesto que pueden serlo cualquiera que sea autorizado por escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes. Es decir, que se trate de un Acto propio de la función asignada por al ley a un determinado oficial o empleado público, o manifestación formal de la voluntad del organo de derecho público, por parte de sus agentes, y ajustada al dispositivo legal que lo instituye y organiza.

En la doctrina, prevalece esta opinión, vale decir, que la enumeración que se hace en el código de los instrumentos públicos es meramente enunciativa, y no taxativa.

Art.375.- Son instrumentos públicos:
a) las escrituras públicas;
Lo trataremos en forma específica en la siguiente unidad de aprendizaje. Mientras, adelantamos que la escritura pública es una especie de los Instrumentos Públicos, que es autorizada por el Notario Público, en el protocolo de su registro notarial respectivo, observando o cumpliendo las formalidades dispuestas en la ley para el efecto.

b) cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos, en las condiciones determinadas por las leyes;
En este inciso se trata en primer término de los documentos notariales, que se definen en la norma del Art. 151 del Código de Organización Judicial que dice: documentos notariales son aquellos en los cuales el Escribano actúa fuera de su protocolo, con autorización de la ley. Es decir, de otros documentos extendidos por los Escribanos Públicos, distintos a las escrituras públicas. Ejemplos: La Actas extendidas por dichos funcionarios en la cubierta o sobre del testamento cerrado (Art. 2651 C.C.); las certificaciones de firmas (Art. 152 C.O.J.). En segundo término, en este inciso “b” se trata también de todo otro instrumento otorgado por los respectivos funcionarios públicos en ejecución de las facultades regladas propias de su cargo o función, es decir, pro funcionarios públicos que no sean escribanos públicos. Ejemplos: Testamentos especiales otorgados por militares y prisioneros (Art. 2656 y 2657 C.C.P); Las Actas del Poder Legislativo y las resoluciones y leyes sancionadas por él, así como las juntas departamentales, las resoluciones, decretos o providencias emanados del Poder Ejecutivo, Gobernadores, Ministros, Jefes de Reparticiones y entes Públicos, las partidas o asientos en los libros del Registro Civil y las respectivas certificaciones que se expidan de tales partidas, así como las que obren en los registro parroquiales d ela Iglesia Católica anteriores a la instalación del Registro Civil, las boletas de depósitos judiciales, los telegramas colacionados, las sentencias, providencias y las resoluciones generales en general y las Acordadas y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, los informes y certificaciones emanados de los registros públicos.

c) las diligencias y planos de mensuras aprobados por la autoridad judicial;
Toda tierra pública – y se sabe que en virtud de la conquista, fue toda la propiedad inmueble – ha pasado al dominio privado previa mensura más o menos exacta. La función de los agrimensores ha sido intervenida por el Estado desde hace largos años. Sus mensuras son dirigidas por las instrucciones de sus oficinas técnicas y examinadas por ellas. Los Archivos públicos conservan sus duplicados y los expedientes administrativos y judiciales, contienen las resoluciones que las aprueban, y las sentencias que han decidido los litigios a que han dado lugar. Constituyen, según esto, instrumentos del más alto valor jurídico.

d) las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales;
Se trata, en general, de actuaciones que se cumplen en los expedientes judiciales para la tramitación de los procesos, conforme con las prescripciones del Código procesal, a condición de que se encuentre autorizado por la respectiva autoridad judicial. Ejemplos: Actas del Actuario, Actas del Oficial de Justicia, cédulas de notificación, certificaciones del actuario, oficios judiciales, etc.

e) las letras aceptadas por el Gobierno, o en su nombre y representación por un Banco del Estado; los billetes o cualquier título de créditos emitidos con arreglo a la ley respectiva y los asientos de los libros de contabilidad de la Administración Pública;
En esta categoría se comprende, principalmente, los títulos de crédito o circulatorios, en el que intervine el Estado como emisor o librador, o aceptante, los que, al encontrarse comprendidos en la enumeración de los instrumentos públicos, significan una ventaja para quienes sean sus acreedores, dado que, de tal manera, constituyen títulos ejecutivos directos.

f) las inscripciones de la deuda pública;
Se trata de certificaciones dadas respecto de asientos obrantes en la documentación fiscal, referentes generalmente, a empréstitos u otras negociaciones crediticias del Estado.

g) los asientos de los registros públicos;
Se trata de las actas labradas en los registros públicos. Ejemplos: Las partidas o asientos del Registro Civil referentes al nacimiento y la defunción de las personas, así como el matrimonio de ellas. Comprende, igualmente, la toma de razón en los demás registros públicos, del modo y con las solemnidades establecidas en la ley.
h) las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados auténticos de sus constancias fundamentales. Si éstos no coincidieren con el original, prevalecerá este último.

Cabe presumir que es “autorizada” cuando la emite el funcionario público competente para el otorgamiento del acto del que se obtiene la copia, fotocopia o certificación en cuestión. Por el mismo motivo, tales documentos se tendrán por auténticos, en tales casos, es decir, cuando sean expedidos por el funcionario público que otorgó el acto, o por otro facultado expresamente para expedir la copia, fotocopia o certificado auténtico.

3. Condiciones de validez de los Instrumentos Públicos

- Que haya sido extendido por un Oficial Público (Art. 375): La intervención es del oficial público es indispensable, considerando que es quien autoriza el acto.
- Que dicho oficial público posea capacidad para otorgarlo: Se refiere a las condiciones requeridas para ser designado oficial público de acuerdo con la ley concreta referida a cada especie de ellos. Ejemplo: para los Escribanos públicos, titulares de registro, la ley exige que tengan título universitario, mayoría de edad, nacionalidad paraguaya, buena conducta, etc.
Aunque no reúnan las condiciones exigidas para ejercer el cargo, según la norma concreta que regule las funciones de cada especie de ellos, la ley presume su capacidad por el solo hecho de haber sido formalmente designado por la autoridad que corresponda. La formalidad del decreto o resolución es suficiente para que sea considerado capaz, lo cual surge de la disposición del art. 376 del Código Civil (Ver).
- Competencia del oficial público en razón del territorio y en razón de la materia (Articulos 376 y 377); La ley asigna un territorio dentro del cual deberá cumplir sus funciones el funcionario fedatario. Ejemplo: el juez de paz de la parroquia de San Roque no podrá trasladarse a autorizar actos en Capiatá; o un Escribano de Coronel Oviedo autorizar actos en San Lorenzo. En razón de la materia: El oficial está constreñido a autorizar los actos dentro de los límites de sus atribuciones, impuesto por la propia naturaleza del acto. Ejemplo: Un notario no puede, o no está facultado para autorizar un matrimonio y viceversa, el Oficial del Registro Civil no puede autorizar una Escritura Pública.
- Que, por último, cumpla con todas las formalidades prescriptas en la ley (Art. 377, último párrafo): Siendo la fe que inspira el acto, una emanación directa e inmediata de las formalidades prescriptas que deben ser observadas al tiempo de la celebración del acto jurídico, su inobservancia traería como consecuencia la invalidez de acto.

4. Fuerza probatoria del Instrumento Público

El carácter distintivo de los instrumentos públicos es el de su plena fe o, en otros términos, el de su fuerza probatoria.

La fuerza probatoria consiste en el pleno efecto que produce el instrumento público, respecto de las partes y de los terceros, a consecuencia de las presunciones de autenticidad y veracidad que ellos engendran, intrínsecamente considerados.

Esta fuerza probatoria debe ser estudiada atendiendo, necesariamente, a dos aspectos distintos, es decir, en lo referente al instrumento en sí mismo, intrínsecamente considerado, por una parte, y, por la otra, en lo referente a su contenido.

El principio general en esta materia es que el instrumento público estando en condiciones regulares, prueba por sí mismo su carácter de tal. Existe, por consiguiente la presunción de que el instrumento público ha sido realmente otorgado ante el oficial público que aparece suscribiéndolo y que la firma y el sello de éste, en el caso de que los tenga, son auténticos; en otros términos, existe la presunción de autenticidad del instrumento público.

La persona que presenta un Instrumento público de apariencia regular no tiene que demostrar su autenticidad. El documento, aún bajo la forma de copia, se presenta acompañado de signos exteriores difíciles de imitar: sellos y marcas de diversas clases, unos impresos en tinta y otros impresos en relieve, firma y rúbrica de un funcionario público cuya escritura es conocida y puede ser controlada fácilmente. Esos signos exteriores de autenticación bastan.

El tema de la fuerza probatoria de los instrumentos públicos se encuentra, en esencia, reglado en las siguientes disposiciones del Código Civil:

Art.383.- El instrumento público hará plena fe mientras no fuere argüido de falso por acción criminal o civil, en juicio principal o en incidente, sobre la realidad de los hechos que el autorizante enunciare como cumplidos por él o pasados en su presencia.

De esta manera, los instrumentos públicos hacen plena fe respecto de lo comprobado personalmente por el oficial público, de visu et auditu; también respecto a la fecha del acto, la presencia de las partes, identidades de las mismas, identidades de las mismas, la convención realizada en su presencia, pagos, formas pagos, documentos exhibidos, procuraciones, firmas y la presencia de los testigos, si lo estuvieren; o las certificaciones de concordancias con los libros o asientos, cuado se tratare de funcionarios investidos de facultades para certificar nacimientos, matrimonios, defunciones o registros de propiedades.

Lo que el instrumento público prueba es la celebración de la convención, pero no ampara la sinceridad de la misma; por tanto, puede ser atacado por simulación del acto.

5. Valor Probatorio de las cláusulas y enunciaciones 385
Art.385.- Los instrumentos públicos hacen plena fe entre las partes y contra terceros:
a) en cuanto a la circunstancia de haberse ejecutado el acto;
b) respecto de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y demás declaraciones contenidas en ellos; y
c) acerca de las enunciaciones de hechos directamente relacionados con el acto jurídico que forma el objeto principal.


6. Instrumentos Nulos y Anulables
6.1. Enumeración legal 377 y 378
Art.377.- Son instrumentos nulos:
a) los que el oficial público autorizó después de serle comunicada su suspensión, reemplazo o destitución en el cargo, o luego de aceptada su renuncia;
b) aquellos en que el autorizante, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés personal respecto del asunto a que se refiere; pero, si los interesados lo fueren sólo por tener parte en sociedades anónimas o ser gerentes o directores de ellas, el acto será válido; y
c) los que no llenaren las condiciones prescriptas para la validez del instrumento público.

Art.378.- Serán anulables:

a) si el oficial público, las partes o los testigos los hubieran autorizado o suscripto por error, dolo o violencia; y
b) siempre que tuvieren enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en puntos capitales, no salvadas antes de las firmas.

6.2. Efectos
En los actos nulos: la ley exime a los mismos de toda eficacia jurídica; las consecuencias de la nulidad se retrotraen al momento mismo de la celebración del acto jurídico.

En los actos anulables: Las consecuencias de la nulidad son posteriores a la declaración judicial de la anulación del instrumento público; mientras tanto tiene vida jurídica hasta el día en que la S.D. quede firme y ejecutoriada.

7. Instrumentos Públicos nulos por defecto de forma
Si la nulidad del instrumento público es originada en defectos de la forma o incompetencia del oficial público, pero tuviere las firmas de las partes, valdrá como instrumento privado (Art. 379). Es decir, valdrá como convención privada; la sanción legal es destituir al instrumento de su carácter público.

Cabe destacar en este punto que no todos los instrumentos públicos a los cuales le faltasen requisitos de validez, valdrán como instrumentos privados, sólo cuando se trate de actos formales no solemnes (ad probationen) no así con respecto a los actos formales solemnes.

8. Declaración de oficio por un Juez de la falsedad de un Instrumento Público 384

Art.384.- Los jueces pueden declarar de oficio la falsedad de un instrumento público presentado en juicio, si de su contexto, forma y conjunto resultare manifiesto hallarse viciado de falsedad o alteraciones en partes esenciales.

Si se arguyere de falsedad una copia autorizada del instrumento público, bastará para comprobarla su cotejo con el original, diligencia que el juez podrá ordenar de oficio.

9. Testigos en los Instrumentos Públicos
9.1. Quienes no pueden ser testigos en los Instrumentos Públicos 380
Art.380.- No pueden ser testigos en los instrumentos públicos:
a) los menores de edad, aunque fueren emancipados;
b) los sometidos a interdicción o inhabilitación;
c) los ciegos;
d) los que no sepan o puedan firmar;
e) los dependientes del oficial público autorizante del acto, o de otras oficinas donde se otorguen iguales instrumentos;
f) el cónyuge y los parientes del oficial público y de las partes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y
g) los que por sentencia se hallaren inhabilitados para ser testigos en los instrumentos públicos.

Esta exclusión se limita sólo a los testigos en los instrumentos públicos expedidos por el oficial público fedatario, notarios públicos, jueces de paz, encargados del Registro Civil de las Personas, etc.

9.2. Error sobre la capacidad de los testigos 381
Art.381.- El error sobre la capacidad de los testigos incapaces que hubieren intervenido en los instrumentos públicos, pero que generalmente eran tenidos como capaces, salva la nulidad del acto.

Debe tratarse, indudablemente, respecto a una capacidad aparente de los testigos, apoyados en actos exteriores, en conductas públicas que los han de presumir capaces. Ejemplo: Una persona con trastorno mental que actúa como aquellas completamente normales, etc.

10. Contenido de un Instrumento Público modificado por un contradocumento 386

Art.386.- El contenido de un instrumento público puede ser modificado o dejado sin efecto por un contradocumento público o privado que los interesados otorguen; pero, el contradocumento privado no tendrán ningún efecto contra los sucesores a título singular, ni lo tendrá la escritura pública, si su contenido no está anotado en la escritura matriz y en la copia en virtud de la cual hubiere obrado el tercero.

Si el contradocumento se formaliza en instrumento privado, no podrá tener efectos con relación a terceros o sucesores a título singular de las partes.

Si el contradocumento consta en instrumento público, la Ley exige que conste en la escritura matriz y en la copia en virtud del cual hubiera obrado el tercero.
UNIDAD DE APRENDIZAJE XII
DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS

1. Introducción: En esta lección trataremos la típica sanción impuesta al acto jurídico que, en su formación, violó el Ordenamiento jurídico, por faltarle alguno de sus requisitos – o porque, sin faltar, registran irregularidades – ya sea de los sujetos, el objeto o la forma.

La nulidad constituye una sanción legal por medio del la cual se priva a un acto jurídico de sus efectos normales, por contravenir el ordenamiento jurídico a l momento de su formación o celebración.

2. Ineficacia de los actos Jurídicos:
2.1. Concepto de Ineficacia: Comprende una serie de situaciones en las cuales el acto no arriba a su fin jurídico, que por su intermedio, persiguen las partes.

A la inversa debe entenderse que un acto ha sido eficaz cuando ha producido sus efectos propios, es decir, cuando ha alcanzado las consecuencias pretendidas con su celebración.

2.2. Estática y Dinámica del Acto.

Cuando el acto en su formación, padece de un defecto que lo aniquila, se dice que padece de una ineficacia estructural, y como consecuencia, ya desde sus inicios, le está vedado, jurídicamente, la producción de sus efectos propios. Es lo que ocurre cuando el acto se encuentra afectado de NULIDAD.

No obstante, la ineficacia puede sobrevenir posteriormente, no ya debido a defectos en la formación del acto, sino que la ley o la voluntad de las partes así lo dispone. Estos son – entre otros – los casos de REVOCACIÓN, RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN, de los que pasamos a ocuparnos brevemente.

Conclusión de éste punto: NULIDAD ES INEFICACIA, pero NO TODA INEFICACIA PROVIENE DE LA NULIDAD, puede deberse asimismo a la revocación del acto, a su resolución, etcétera.

2.3. Casos de Ineficacia:

2.3.1. Oponibilidad: Se dice que un acto es inoponible padece de una ineficacia relativa, en el sentido de que sus efectos no pueden extenderse a ciertas personas, con prescindencia de que se haya intentado o no hacerlo.

En tales condiciones, el negocio será, pues, válido con respecto a algunos, e ineficaz con respecto a otros. Ejemplo: La hipoteca no registrada, es inoponible a terceros (2369); Un instrumento privado sin fecha cierta es inoponible a terceros (407 y 408)

2.3.2. Revocación: Por medio del cual, unilateralmente, dadas ciertas circunstancias puede dejarse sin efecto el negocio. Ejemplos: La facultad de revocar libremente los mandatos (913); La de revocar el testamento (2702) y la de revocar la oferta en el contrato (680).

Si bien la revocación es voluntaria, la situación debe estar admitida en la ley.

2.3.3. Rescisión: Así como las partes pueden concertar libremente sus derechos mediante contratos, ellas pueden desobligarse, también de esa forma, mediante el distracto – o mutuo acuerdo – y es ésta la rescisión, una de las facetas de la autonomía de la voluntad. Ver Art. 718

2.3.4. Resolución: Se entiende por tal la extinción del acto,, con retroactividad al momento de su formación, debido a circunstancias sobrevinientes, previstas en la ley o en el contrato. Ejemplos: La condición resolutoria (que ya lo analizamos en su momento);

2.3.5. Nulidad: Hemos visto ya que la nulidad es una sanción de ineficacia prevista en la ley por defectos en la formación del acto. La revocación, resolución y rescisión, sin embargo obedecen siempre a hechos posteriores.


3. DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS
3.1. Concepto: La nulidad constituye una sanción legal por medio del la cual se priva a un acto jurídico de sus efectos normales, por contravenir el ordenamiento jurídico a l momento de su formación o celebración.


3.2. Caracteres:

- Es una Sanción Legal: Proviene siempre de la ley, nunca de la voluntad de los particulares (cosa que sí ocurre en los casos de ineficacia)
- Privación de los efectos normales del acto: El acto no produce sus efectos propios, vale decir, lo que las partes se propusieron como finalidad inmediata al celebrarlo.
- Defecto al momento de la formación del acto: La violación a las disposiciones de la ley con relación al acto deben ser coetáneas a su celebración. Es precisamente este motivo originario o congénito de invalidez el que lo distingue a la nulidad de otras causales de ineficacia, que veremos seguidamente. Tales como: la resolución, la rescisión o la revocación, que operan siempre en virtud de hechos posteriores.
- Acto Jurídico: Obviamente, si la nulidad importa privar a un acto de sus efectos jurídicos perseguidos por quienes lo celebraron, carece de objeto plantearla con relación a los demás actos (que no sean jurídicos), que a diferencia de los actos jurídicos no tienen por “finalidad inmediata” la la producción de consecuencias jurídicas.

3.4. Clasificación de las Nulidades: Actos Nulos y Anulables

ACTOS NULOS: Son aquellos que atentan contra el orden público, contra el interés general. Esto hace que el ordenamiento sea sumamente duro a su respecto, en el sentido de que los priva, por completo, de la producción de sus efectos propios, y de que admite, inclusive, que la invalidez pueda ser declarada de oficio por el juez; además están facultados a pedir la nulidad todos los interesados en ella y el Ministerio Público y la acción es imprescriptible (356 y 359)

ACTOS ANULABLES: Aquellos que, si bien en su formación transgreden el ordenamiento jurídico, solo afectan un interés particular de a quien perjudica la irregularidad. Por eso los actos anulables se reputan válidos hasta tanto sean anulados, lo que por su parte, solo puede ocurrir a instancia de la persona cuyos intereses se vean afectados por la irregularidad, o sus representantes legales.

El acto antes que condenado a muerte, está herido. Su confirmación lo sanará; la acción de anulación lo aniquilará por completo.

3.5. Enumeración Legal

3.5.1. Actos Jurídicos Nulos - Buscar en el Código Civil.
3.5.2. Actos Jurídicos Anulables – Buscar en el Código Civil.

4. ¿Quiénes pueden pedir la Nulidad?

Nulidad: Art. 359 – Ministerio Público y todos los interesados.
Anulabilidad: Solamente las personas designadas por ley. Ejemplo: Tratándose de matrimonio, solo la parte afectada, si hubo error, solo el cónyuge engañado.

5. Efectos de la Nulidad

6. DE LA CONFIRMACIÓN DE LOS ACTOS ANULABLES:

6.1. Disposición legal Art. 366

6.2. Formas de Confirmación: expresa y tácita.

EXPRESA: deberá ser efectuada en un instrumento público, cuya formalidad debe ser la misma establecida para el acto que se confirma. Leer el Art. 368. Ejemplo: si el acto viciado fuere una donación de inmuebles, que requiere, como formalidad ad solemnitatem, la escritura pública, la confirmación del defecto que el acto contenía (incapacidad ya cesada del donante) deberá efectuarse también en Escritura Pública.

TACITA: Leer el Art. 369. Por supuesto, debe haber cesado la causa que daba lugar a la nulidad del acto. Además el afectado debe estar en pleno conocimiento de ello, es decir, debe tener intención de repararlo. Esta será siempre una cuestión de hecho, sujeta a la apreciación de las circunstancias del caso.

6.3. La forma del instrumento de confirmación
6.4. Efecto retroactivo de la confirmación.
6.5. Actos que admiten confirmación: Recuérdese que el art. 366 dispone: “se tendrá por confirmado un acto anulable” Solo éste, pues, admite confirmación, y nunca los actos nulos.


Diferencia:

Actos Nulos: Aquellos cuya violación afecta no solo a quien los celebra y es perjudicado por ello, sino que atentan contra el orden público, o le faltan requisitos esenciales en su formación. Como tal, se hallan desprovistos de sus efectos propios, y su nulidad puede ser declarada de oficio inclusive, pudiendo ser alegada por todos los interesados.

Actos anulables: Afecta un interés particular de quienes lo celebran; por ello no pueden ser invalidados de oficio, y su anulación solo pueden requerirla quienes se hallan facultados por ley (359). Así también, desde que afectan un interés particular, una vez cesado el vicio, pueden ser convalidados o confirmados: Así una persona que haya cumplido su mayoría de edad puede confirmar un acto celebrado cuando aún era menor, que por ese vico, precisamente, en principio era anulable.

De la Representación en los Actos Jurídicos

UNIDAD DE APRENDIZAJE XI
DE LA REPRESENTACIÓN EN LOS ACTOS JURÍDICOS

1. La Representación. Concepto
La representación en los actos jurídicos, consiste en el acto por el cual “el representante”, actuando en nombre y representación de “su poderdante”, adquiere derechos y contrae obligaciones para éste último.

Puede provenir de la ley o de la voluntad de las partes. Para que el acto de representación se ejecute válidamente se requieren dos condiciones:

- un poder de representación; y
- una actuación en nombre del representado.

Mientras actúe el representante dentro de los límites de sus facultades legales o convencionales, no podrá ser alcanzado por los efectos de los actos realizados, ni beneficiándolo ni perjudicándolo.

2. Clases de Representación

2.1.- Representación Legal o Forzosa: se funda en la necesidad del orden público y su origen se encuentra en la ley.

2.2.- Representación convencional o voluntaria: el origen de la representación se encuentra exclusivamente en la voluntad de las partes.

La representación legal o forzosa, afecta a los incapaces en general y es fijada por la ley en cada caso.
Sin embargo, en la representación voluntaria o convencional se elige de acuerdo al negocio jurídico a realizar.

3. Conveniencia y necesidad de la representación

En nuestros días no siempre los actos jurídicos se pueden llevar a cabo personalmente; la circunstancia de la conveniencia, o la necesidad, o simplemente la comodidad, hace que el hombre contemporáneo recurra a la representación para que un tercero ejecute a su nombre algún negocio jurídico.

En el derecho contemporáneo, la representación ha adquirido una trascendencia tal, que para la sociedad constituye una herramienta necesaria para su desenvolvimiento, porque ella facilita los negocios jurídicos. Por ejemplo: la representación mediante poder en los tribunales; el poder para administrar bienes, negocios, comercios, etc.

Mientras actúe el representante dentro de los límites de sus facultades legales o convencionales, no podrá ser alcanzado por los efectos de los actos realizados, ni beneficiándolo ni perjudicándolo.

4. Función del Representante

En doctrina se ha discutido respecto a la sustitución de la voluntad del representado por el representante, circunstancia completamente disipada conforme de otorgue “un poder para realizar tal o cual acto específico” (poderes especiales), o para “la realización de negocios jurídicos” con facultades mas amplias.

De esta distinción surgen dos funciones:

a) la de transmitir la voluntad del representado y suscribir en su nombre. Por Ej. en el poder para contraer matrimonio, donde el representante se limitará a transmitir el consentimiento y suscribir el acta en nombre de su representado.

b) Que el representante aporte al acto una cuota de determinaciones propias en los negocios jurídicos, teniendo facultades de escoger lo mas conveniente. Ej. Poder para vender una propiedad sin determinación del precio, forma de pago, plazo etc., y “el mandante” quedará obligado por aquel acto respecto a las obligaciones asumidas por el representante, aunque esté en desacuerdo.

La consecuencia principal de estos actos es que “obligan al representado”, siempre que “el representante” actúe dentro de los límites de sus facultades; así mismo, éste adquiere los derechos que nazcan en virtud del acto realizado por su representado.-

La norma dispone claramente “Las consecuencias de un acto jurídico serán consideradas “respecto a la persona del representante”, en lo concerniente a los vicios de su voluntad o al conocimiento que tuvo o debió tener de ciertas circunstancias. Aunque “el representante” fuere incapaz, valdrá el acto que realice a nombre de su representado”. ( Art. 343, última parte).

5. DE LA REPRESENTACION POR PODER
6. Actos que admiten o no la representación por Poder:

El principio general que rige en esta materia es que todos los actos pueden ser objetos de representación; principalmente en el “derecho patrimonial” no reconoce excepciones, salvo las disposiciones de última voluntad (testamento). Pero existen numerosas excepciones en el “derecho de familia”.

Una de las características fundamentales de la representación es que se da por actos Inter vivos.

El Art. 343 del C.C. Pyo. dispone al respecto: “ Podrán celebrarse por medio de representantes los actos jurídicos entre vivos. Los que versaren sobre derecho de familia, solo admiten representación en los casos expresamente autorizados por éste Código”. (primera parte).

Los actos que no pueden ser objeto de representación en el “derecho de familia” son numerosos; por ejemplo: no podrán ser ejercidos por medio de representante “la patria potestad, la tutela, la curatela etc.”

El representante legal no podrá contraer matrimonio ni reconocer hijos extramatrimoniales de su representado incapaz.

Empero, en caso de representación voluntaria, estos dos últimos actos son completamente posibles de realizar. (Dr. A. R. Hechos y actos jurídicos).


7. Actos celebrados por el representante.
7.1. Limites y Extralimitación

El art. 344 dispone: “Los actos del representante se reputarán como celebrados por el representado, siempre que los ejecutare dentro del límite de sus poderes.

Cuando se excediere de ellos, pero los terceros fueren de buena fe, se estimará que obró dentro de sus facultades, obligando a su principal si el acto quedare comprendido dentro de su título habilitante.

En caso de duda se entenderá que procedió por cuenta propia.

El error del agente acerca de la existencia y alcance de sus facultades, se juzgará de acuerdo a las reglas del mandato”.

7.2. Terceros de buena fe: Los terceros de buena fe son amparados ante posibles abusos que pudieran existir en el ejercicio de la representación; aunque se excediere de ellos, se considerará que obró dentro de sus facultades, si el acto queda comprendido dentro del título habilitante.

Ej: un poder para administrar estaría virtualmente comprendido en él la facultad para arrendamiento, fijación de plazo para el mismo, precio, suscripción de contratos, pago de impuestos, tasas, tributos, , efectuar trabajos de conservación y obligarse por los mismos e incluso la de obligarse por gastos útiles, como las mejoras, etc.

Fuera de los casos señalados anteriormente se considerará que “el representante” actuó por cuenta propia y la responsabilidad por dichos actos será del mismo.-

8. Deberes del representante

Numerosas son las limitaciones impuestas por la ley al representante; éstas están fundadas en el orden público, en la moral y a veces en la protección del interés del representado.

Esta limitación es con el fin de que el representante no hiciere un ejercicio abusivo de sus facultades en perjuicio de los derechos de su representado.

El art. 348 del Código Civil dispone: “ El representante deberá :
a) atenerse a sus poderes, no obligándose el representante por lo que hiciere sin facultades o fuera de ellas, salvo ratificación;
b) abstenerse de formalizar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, si el representante no lo hubiera autorizado, a menos que se trate de cumplir una obligación;
c) cuando el encargo fuere de colocar fondos a réditos, abstenerse de aplicarlos a sus negocios propios o a los de otros también representados por él, de no mediar conformidad expresa del representado; pero cuando se le hubiere encomendado tomar dinero en préstamo, podrá el mismo facilitarlo al interés en curso; y
d) no usar de sus poderes en beneficio propio.

Los actos celebrados con quienes supieran o debieran saber las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores, no obligarán al representado”.

La sanción legal, para quienes dejan de observar estas prohibiciones, consiste en privar de efectos vinculatorios respecto al representado.

La representación por lo general se formaliza en un “poder habilitante”, en una carta u ordenes. Todo depende del contenido del “instrumento habilitante”.

La representación voluntaria se ejerce mediante “el mandato” que debe otorgarse por instrumento público y excepcionalmente por instrumento privado.

Obligará al representado desde la misma fecha en que se celebró el acto o redactó el instrumento, donde se consigne la representación.

El Art. 349 dispone: “El representado deberá atenerse a la fecha de los instrumentos que su representante hubiere suscripto.

9. DE LA AUTORIZACION Y DE LA RATIFICACION DE LOS ACTOS JURIDICOS
10. Ratificación. Concepto. Efectos

El Art. 346 dispone. “Si el representante careciere de poderes, o los hubiere excedido, y el representado, o la autoridad competente en su caso, no ratificare el acto obrado en su nombre, este no obligará al representado”.

La ley prevé dos situaciones
- La primera: la representación voluntaria;
- La segunda: la representación legal.

En ambos casos de producirse la actuación sin poder o existiendo extralimitación de facultades, se requerirá “la RATIFICACION”, a los efectos de obligar al representado.

La RATIFICACIÓN: es el acto por el cual se da validez a otro acto, celebrado por un tercero a nombre del ratificante; es un medio para sanear un vicio, y se realiza cuando “el tercero” a procedido sin poder suficiente o se ha extralimitado en sus facultades.

EFECTO: El principal efecto de la ratificación es “obligar al representado”; y este efecto se retrotrae hasta el día del acto. Porque supone siempre que la misma se realiza con posterioridad al acto viciado.

En todos los casos quedan a salvo los derechos de terceros.

Lo dispone el art. 347 C.C.: “La ratificación equivale a la representación. Tiene efecto retroactivo al día del acto, pero quedarán a salvo los derechos de terceros”. (Leer además Arts. 350 al 354 C.C. )


11. Revalida de acto de disposición
11.1. Casos:
Art.353.- Queda revalidado el acto de disposición realizado por quien no pudiere hacerlo legalmente:
a) cuando lo hubiere autorizado el titular, o mediare su aprobación;
b) cuando requiriendo la celebración del acto una autorización previa, ésta fuere otorgada posteriormente;
c) si luego adquiere el objeto; y
d) siempre que heredare al dueño, con tal que la aceptación de la herencia no fuere con beneficio de inventario.
Cuando se hubieren realizados varios actos de disposición sobre la misma cosa y ellos no pudieren coexistir, se aplicarán las reglas de las obligaciones de dar.

11.2. Asentimiento por escritura pública:
Art. 354: El asentimiento previo o ulterior no exige formas especiales pero si fuere relativo a cualquier acto que deba celebrarse por escritura pública, será nulo cuando se otorgare sin este requisito.
UNIDAD DE APRENDIZAJE X
DE LAS MODALIDADES DE LOS ACTOS JURÍDICOS
1. DEL PLAZO: Concepto
- Es una modalidad del acto jurídico.
- Es la cláusula en virtud del cual se subordina a un acontecimiento futuro y necesario el ejercicio de un derecho o la exigibilidad de una obligación.
- Por el plazo se difieren (plazo suspensivo) o se limitan (plazo resolutorio) los efectos de un acto jurídico.

“Es una modalidad de los actos jurídicos, por la cual se difiere en el tiempo la exigibilidad de un derecho o la resolución del mismo”.

2. Importancia del tiempo
El hecho humano regido por las leyes se ubica siempre dentro de un cierto tiempo.
El acto jurídico se encuentra, entonces, invariablemente concebido dentro de un contexto temporal.
Las relaciones regidas por el derecho son siempre situaciones de la vida humana, o sea hechos de existencia material o ideal ubicados en el tiempo. Las disposiciones del derecho positivo y su realización están, por ello, íntimamente vinculadas a la noción del tiempo.

3. Plazo y término

Plazo: Es todo el lapso que media entre el momento de la celebración del acto jurídico y el de su cumplimiento.

Término: Es el instante mismo en que expira ese lapso o plazo., es momento en que concluye el plazo.

4. Caracteres. Distinción con la Condición

Futuridad.
Necesariedad.
Efectos hacia el futuro.

DIFERENCIA ENTRE PLAZO Y CONDICIÓN

El plazo:
- Se subordina a un acontecimiento futuro y cierto: el plazo ha de ocurrir fatalmente.

- Solo está en juego la exigibilidad de la obligación.


- Sus efectos se producen para el futuro, no tienen efecto retroactivo (ex nunc) -

La Condición:
- Se subordina a un acontecimiento futuro e incierto: puede o no suceder.

- De la condición depende la existencia misma de la obligación.

- Producida la condición, tiene efecto retroactivo (ex tunc)

5. Clasificación del Plazo:
5.1. Suspensivos: cuando los actos de la relación jurídica quedan diferidos en el tiempo, pudiendo exigirse su cumplimiento, una vez finalizado el plazo. Ej. Un pagaré de Gs. 10.000.000, sujeto a 90 días de plazo. En este ej. no se pone en duda el crédito; solo se difiere en el tiempo su exigibilidad.
5.2. Resolutorios: cuando se limitan los efectos de la relación jurídica a un término. En el plazo resolutorio “el derecho se goza” hasta producirse el acontecimiento o término; y una vez producido aquel, el derecho se extingue. Ej. el contrato de locación; el contrato de sociedad; préstamos.
5.3. Ciertos: se da cuando se fija con exactitud la fecha de vencimiento, o bien por cuantos días o meses o años. Ej. La obligación de entregar maderas a 90 días de ésta fecha, a un año, etc. Otro: te pagaré lo adeudado el 30 de noviembre del corriente año.
5.4. Inciertos: en el plazo incierto no se conoce cuando ocurriría el acontecimiento, pero sí debe ocurrir fatalmente. Ej. la renta vitalicia.
5.5. Expreso: el plazo expreso consta en el acto mismo
5.6. Tácito: resulta de la naturaleza de la prestación o se encuentra en forma implícita en el acto. Ej. un contrato de construcción de una obra, donde las partes omitiesen el día de la entrega de la obra.. El silencio de las partes queda suplido por la naturaleza de la obra., se entenderá que será utilizado el tiempo necesario para dicha terminación.
5.7. Legal: es el determinado por la ley. Ej. el Art. 234 del C.P.C., dispone que la demanda debe contestarse dentro del plazo de 18 días.

5.8. Judicial: es aquel fijado por los jueces dentro de sus facultades. Ej. las intimaciones o los emplazamientos hechos a las partes en un juicio.

5.9. Voluntario: Fijado de común acuerdo por las partes.

6. Fijación del Plazo en el Código Civil Paraguayo: Formas de computarse

El Art. 337 dispone: “ Si el plazo se fijare por meses o por años, se contará el mes por treinta (30) días y el año por trescientos sesenta y cinco días (365) por el calendario gregoriano”.

El Art. 338 dispone: “Los plazos de días se contarán desde el día siguiente al de la celebración del acto.
Si el plazo está señalado por días a contar desde uno determinado, quedará éste excluido del computo.
El plazo incluye el día del vencimiento. Si fuere domingo o feriado, el cumplimiento tendrá lugar el primer día siguiente que no lo sea”.

El Art. 339 dispone: “El plazo establecido por meses o por años concluirá al transcurrir el día del último mes que tenga el mismo número que aquel en que comenzó a correr el plazo”.

El Art. 340 dispone: Cuando el plazo empezare a correr desde el último día de un mes de más días que aquel en que terminare el plazo, éste vencerá el último día de este mes”.

7. Actos que pueden someterse a plazo
En principio todos los actos pueden someterse a plazo, principalmente en el orden patrimonial, sin embargo por excepción muchos actos no pueden someterse a plazo; todas las excepciones son derivadas del derecho de familia. Ej. el matrimonio, reconocimiento de filiación, aceptación de herencia, etc. (no pueden someterse a plazo).

8. Efectos del plazo
8.1. Antes del vencimiento: El acreedor a plazo no tiene todavía un derecho exigible; por consiguiente, no puede accionar, por vía ordinaria o ejecutiva para obtener el cobro de su crédito.

8.2. Después del vencimiento: La obligación se convierte en pura y simple y, por consiguiente, es exigible y judicialmente ejecutable.


9. Caducidad del Plazo:
La prestación, objeto del acto debe ser cumplida en el tiempo (plazo) estipulado entre las partes. En cuyo caso se habla de VENCIMIENTO o FENECIMIENTO normal del plazo.

Lo contrario a ello es la CADUCIDAD del plazo, que consiste en el fenecimiento o decaimiento anticipado del mismo. Y ello se produce por imperio de la ley , o en virtud de lo establecido por las partes en el acto.

Fuentes de la caducidad son entonces: la voluntad y la ley.

Casos de Caducidad legal:

Art. 336 C.C.: El deudor sometido a concurso no puede reclamar la observancia del plazo para satisfacer su obligación.
Art. 27 de la Ley de Quiebras: Como efecto de la convocatoria de acreedores, se consideran vencidos todos los plazos de las obligaciones del deudor convocatario.
Así mismo ocurre en los casos de declaración judicial de quiebra (Art. 85 de la citada ley).
El 2º párrafo del Art. 336 del Código Civil establece que caducarán también los plazoa, por imperio de ley, si el deudor hubiere disminuido, por acto propio las garantías prometidas. Disposición esta que guarda relación con el Art. 567 del mismo cuerpo legal: el acreedor hipotecario o prendario podrá también reclamar el pago antes del plazo, cuando los bienes afectados fueren vendidos en remate judicial y a requerimiento de otros acreedores.

Es decir, se produce la caducidad legal en los casos en que el deudor hipotecario o prendario destruye la cosa dada en garantía. O, en aquellos en que la cosa dada en garantía es subastada judicialmente por otro acreedor.

viernes, 16 de abril de 2010

UNIDAD DE APRENDIZAJE IX
DE LAS MODALIDADES DE LOS ACTOS JURÍDICOS

1. CARGO. Concepto:

Es una obligación accesoria que se impone normalmente a una “liberalidad” y cuyo incumplimiento no afecta a la eficacia del derecho, salvo que expresamente se lo imponga como condición.

El modo en el derecho romano era una carga impuesta a una donación, por un valor inferior al bien donado.

Mientras los romanistas entendían que el cargo solo se imponía en una liberalidad (donación o legado), Makeldey enseña que también podía existir en los actos a título oneroso; pero, con esta diferencia:

En los primeros, podía el donador , en los casos de inejecución, podrá exigir la ejecución o restitución de los que había dado;, en los segundos, se limita su acción para pedir la ejecución del modo.

El cargo: es la obligación impuesta por el “disponente” al “beneficiario” de un acto de liberalidad, por lo general, aunque no necesariamente.

Ej. Te dono este inmueble con Cta. Cte. Ctral. Nº 12-444-01 del Distrito de San Bernardino, pero te impongo construir una casa en el plazo de seis meses, si no lo haces perderás el derecho.
... Para que “el beneficiario” pierda el derecho por el incumplimiento del “cargo impuesto”, será imprescindible que el Juez competente dicte la sentencia. (CCP)

El modo o cargo “es coercitivo” y no impide la adquisición del derecho.
Su cumplimiento se podrá exigir coactivamente.
La condición: no es coercitiva y sí suspende o resuelve esa adquisición .

2. CARACTERES.

- Es siempre una obligación accesoria; no afecta la eficacia ni la exigibilidad del derecho, puesto que su incumplimiento no ocasiona la pérdida del beneficio, salvo hipótesis excepcionales, previstas en la ley.
- Normalmente se impone a las liberalidades.
- El modo o cargo “es coercitivo”. Su cumplimiento puede ser exigible a instancia judicial.
- Su incumplimiento no afecta la eficacia del derecho, salvo que expresamente se lo imponga como condición.


DIFERENCIA CON LA CONDICIÓN.

En principio, la distinción entre condición y cargo se presenta nítida: la condición es un acontecimiento futuro e incierto, del cual depende la existencia o la extinción de un derecho; el cargo es una obligación impuesta al beneficiario de un derecho. Cuando el acontecimiento – condición es totalmente extraño a la voluntad del obligado (por ejemplo: un granizo, un rayo, un incendio) no hay posibilidad alguna de confusión.

Sin embargo, a veces un mismo acto puede tener el carácter de condición o de cargo. Así, por ejemplo, un legado puede hacerse con la condición o con el cargo de que el beneficiario haga una donación a una institución filantrópica. La DIFERENCIA es muy importante por los efectos inherentes a una y otra modalidad:

a- El incumplimiento de la condición trae aparejada la extinción del beneficio; el incumplimiento del cargo no (cargo simple)

b- Los interesados pueden exigir judicialmente el cumplimiento del cargo, cosa que no podría hacer si fuese condición.

De lo expuesto podemos concluir lo siguiente:

CARGO CONDICIÓN

- No impide la adquisición del derecho y solo faculta al beneficiario del mismo o a sus herederos a reclamar su cumplimiento (Art. 330)
- De ahí que, el cargo sea coercitivo, vale decir, puedo exigir su cumplimiento judicialmente.

- Impide el nacimiento del derecho o produce su extinción al ocurrir el acontecimiento esperado.


- No es coercitiva.

INCUMPLIMIENTO DEL CARGO. Efectos.

Art. 329 C. C. : Si hubiere condición resolutoria, por falta del cumplimiento del cargo impuesto, será necesario la sentencia del Juez para que el beneficiario pierda el derecho adquirido.

Art. 330 C. C. : Si no hubiere condición resolutoria, la falta de cumplimiento del cargo no hará incurrir en la perdida de los bienes adquiridos y quedará a salvo a los interesados el derecho de constreñir judicialmente al gravado a cumplir el cargo impuesto.

El “cargo” impuesto como condición resolutoria, no cumpliéndose con el mismo, trae aparejada “la perdida del derecho”. Debe señalarse que será necesaria la sentencia del Juez que así lo declare para que el beneficiario pierda el derecho adquirido; sin embargo, la condición opera de pleno derecho.

Los terceros de buena fe, no serán afectados por los casos de perdida de derechos.

El acto jurídico puede ser con cargo y sin condición, con cargo y condición.

Al formalizarse el acto jurídico “solamente con cargo”, es oportuno reiterar que su incumplimiento no resuelve el citado acto, pues esa adquisición está consolidada.

El disponente no tiene acción reipersecutoria, solo tendrá una acción personal para exigir a instancia judicial al adquirente gravado a cumplir el cargo impuesto.-

CASOS EN QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL CARGO PROVOCA LA PÉRDIDA DEL DERECHO.

En principio, el incumplimiento del cargo no afecta al derecho en sí. Sin embargo, este principio tiene dos excepciones:

a- En el caso de donaciones: El donante puede revocar la donación por incumplimiento del cargo impuesto en ella (Art. 1233)
b- El incumplimiento del cargo produce la pérdida del derecho cuando el cargo ha sido impuesto como “elemento condicionante” (condición) de la vida de éste Art. 330)
c- Por último podemos mencionar que el derecho queda revocado si se tratase de cargos que importaran obligaciones inherentes a la persona del obligado y éste falleciese sin haberlas cumplido.

TIEMPO Y FORMA: ¿CUANDO Y COMO DEBE CUMPLIRSE EL CARGO?

¿Cuándo? : El cargo debe cumplirse en el plazo establecido en el acto; sin embargo si no se hubiere fijado el plazo, se debe recurrir al Juez para que prudencialmente fije un plazo determinado, dentro del cual “el obligado” debe cumplir con esa carga (Art. 331).

El art. 331 establece: “A falta de plazo determinado, el cargo deberá cumplirse dentro del plazo señalado por el Juez”.

¿Cómo? : El cargo debe cumplirse en la forma en que el disponente quiso y entendió que debía cumplirse. Es, en definitiva, una cuestión de hecho que queda librada al prudente arbitrio judicial.

LIMITES DE LA RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO

Ocurre cuando la cosa recibida en herencia, donación o legado, no baste para cumplir con el cargo.

¿Que va a hacer el beneficiario? El carece de toda responsabilidad personal por el exceso; sus obligaciones se limitan al monto de los bienes recibidos.

CARGO IMPUESTO “COMO CONDICIÓN” Y LA CONDICIÓN MISMA

 El incumplimiento de la condición trae aparejado la extinción del beneficio, sin intervención judicial, de puro derecho.

 En principio, el incumplimiento del cargo NO trae aparejada la extinción del beneficio; salvo que se lo haya estipulado como condición resolutoria, en cuyo caso si puede extinguirse el beneficio, PERO se requerirá una Sentencia Judicial.

CARGOS IMPOSIBLES, ILÍCITOS O INMORALES.

Esta dada por el Art. 333 del Código Civil Paraguayo.

Si fuere sin culpa del “adquirente” la adquisición subsistirá y el derecho quedará adquirido como si fuese sin cargo.